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miércoles, 13 de septiembre de 2017

“El Financiamiento de los Partidos”

El politólogo estadounidense Robert Dahl sostuvo que, “las democracias modernas son democracias de partidos” En ese sentido, desde que los partidos dejaron de ser vistos como simples instituciones privadas desde mediados del siglo XX, el financiamiento público para la sostenibilidad y el patrocinio de sus campañas, es un asunto natural. Sin embargo, el constituyente del 2010 y la Estrategia Nacional de Desarrollo 2015-2030, han previsto la obligación de que los partidos sujeten sus actuaciones al principio de transparencia, sea en el manejo de los fondos o en sus primarias.   

Las Prácticas Políticas del Siglo XV

Una de las pruebas irrefutables que pone al desnudo la proclividad e interés de la clase política dominicana de seguir aplicando prácticas políticas del Medioevo, es el tema de la transparencia, regulación y fiscalización de los recursos que reciben para financiar sus campañas. Por tal razón, es que después de 16 años de haber sido introducido el anteproyecto de ley de partidos al Congreso, éste sigue siendo uno de los temas sobre los cuales no hay acuerdo. Y además, sigue matizado por una evidente negatividad a su concreción por parte de los partidos mayoritarios.

En ese sentido, el politólogo Argentino Daniel Zovatto sostiene, que los partidos Latinoamericanos están caracterizados por, “la apariencia de corrupción originada por la falta de transparencia respecto de la totalidad de los fondos adquiridos y utilizados". Y agrego yo, que también la masificación sin control de unos y la reducción de otros, ha contribuido con el advenimiento al seno de los mismos, de un considerable grupo de individuos impolutos y preparados; y al mismo tiempo, con otro grupo de elementos de baja estofa, que han llegado a capitalizar campañas ajenas o de ellos mismos, de manera atropéllante en la búsqueda de inmunidad parlamentaria, o en procura de legitimación de sus capitales.

Legislaciones convertidas en letra muerta

El filosofo Alemán Karl Loewenstein sostuvo que, los tres elementos fundamentales de una campaña electoral son, “Dinero, Dinero y otra vez Dinero” Y al parecer, esa es la premisa que se ha enquistado en el sistema de partidos dominicanos. En virtud de ello, ya llegamos al extremo de reconocer públicamente que se recibió dinero para financiar campañas de una empresa que reconoció; que cometía actividades ilícitas, (Lavado de Activos) que el propio ex procurador Domínguez Brito dijo, “que muchos legisladores salieron electos en 2016 con dinero del narcotráfico” y, las leyes ni se enteraron!

De igual forma, los partidos no son auditados con regularidad como establece la (Ley 10-04), tampoco sus directivos nunca han depositado sus declaraciones juradas en la Cámara de Cuentas, no ofrecen documentación a nadie de la utilización de los recursos públicos que reciben, como establece el (Art. 4 de la Ley 200-04). Y cual si fuera poco, los supuestos donantes privados resultan ser, los beneficiarios de las construcciones de las grandes obras de todos los gobiernos, lo que constituye un delito de Colusión, tipificado por el Código Penal y la (Ley 340-06) y todo esto pasa en el país; sin que ninguna autoridad se entere.   

La Complicidad de las instituciones fiscalizadoras

Con la descripción de ese dantesco escenario, no nos queda otro camino que aseverar que, existe una complicidad cuasi-generalizada para malversar el erario público, legitimar capitales de actividades ilícitas y para realizar prestamos gubernamentales de campaña desde los partidos políticos, con la anuencia de las instituciones llamadas a fiscalizar y prevenir ese flagelo. En virtud de que, el Congreso de la República, que una de las actividades fundamentales de los representantes es fiscalizar, aprueban el presupuesto de los partidos todos los años sin ver siquiera una auditoria que sustente las partidas anteriores.

Así mismo, la Cámara de Cuentas, es un cómplice confeso de los partidos, ya que el 80% de las auditorias realizadas por la Cámara a los partidos presentan mal manejo de los fondos públicos y un oscurantismo pletórico de la financiación privada. Verbigracia, la auditoria “OP 008011 al PRD por RD$ 1,248,228,095”, la “CI-000930 al PLD por RD$ 331,176, 773.65”, y la “CI-000919 al PRSC por RD$ 70, 416, 630.00” y de igual forma están casi todas las de los demás partidos. Sin que la Junta Central Electoral haya hecho nada, sin que la Cámara haya remitido un solo expediente al PEPCA, y sin que el Ministerio Público se haya inmutado, en consecuencia, reos de complicidad!  
                                                                                                   

Autor: Lic. Manuel Cruz
Abogado & Consultor Político  



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